El 22 de abril de 1985 comenzó en Buenos Aires un hecho sin precedentes en la historia de América Latina: el Juicio a las Juntas Militares. Este proceso judicial, impulsado por el gobierno de Raúl Alfonsín, representó el compromiso de la joven democracia con los principios de Memoria, Verdad y Justicia. Fue un paso decisivo para reparar, en parte, el daño causado por años de terrorismo de Estado.
Por primera vez, los máximos responsables de una dictadura eran llevados ante la justicia civil. Los ex comandantes Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Agosti, entre otros, fueron acusados de delitos de lesa humanidad, incluyendo desapariciones forzadas, torturas y asesinatos cometidos durante el régimen militar entre 1976 y 1983. El juicio incluyó testimonios desgarradores de sobrevivientes y familiares de víctimas, que aportaron pruebas fundamentales.
El 9 de diciembre de 1985 se dictó la sentencia: Videla y Massera fueron condenados a prisión perpetua; otros altos mandos recibieron penas menores, mientras que algunos fueron absueltos. La lectura del veredicto fue un momento histórico: por primera vez, una dictadura militar era juzgada y condenada por un tribunal ordinario en su propio país, sin intervención de tribunales internacionales
El Juicio a las Juntas fue mucho más que un proceso legal: sentó las bases para los futuros juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina y se convirtió en un ejemplo internacional de justicia transicional. Aunque años más tarde las leyes de impunidad obstaculizaron la continuidad de estos juicios, la sentencia de 1985 quedó en la memoria colectiva como una victoria de la democracia sobre el silencio y el olvido.
