La Universidad de Buenos Aires fue creada por un decreto del gobierno de la Provincia el 9 de agosto de 1821 y quedó formalmente inaugurada con un acto en la Iglesia de San Ignacio el 12 de ese mismo mes. El gobierno designó como primer rector de la Universidad de Buenos Aires al presbítero Antonio Saénz, un prestigioso sacerdote que había sido comisionado en 1816. La organización se hizo a través de departamentos, a diferencia de la clásica división en facultades, propia de las universidades desde los tiempos medievales. Estaba compuesta por los departamentos de Primeras Letras, Estudios Preparatorios, Ciencias Exactas, Medicina, Jurisprudencia y Ciencias Sagradas.
Durante la década de 1880, la Universidad de Buenos Aires experimentó cambios sustanciales. En gran medida, estuvieron vinculados con su nacionalización. A partir de esos años comenzaron también a imponerse, desde el estado nacional, una serie de leyes y medidas específicas que tenían como propósito principal asegurar la constitución de un sistema educativo de carácter laico. Poco tiempo después se sancionó la llamada Ley Avellaneda, a partir de un proyecto presentado por el entonces senador y también rector de la casa de altos estudios porteña. Se trataba del primer instrumento legal destinado a regir el funcionamiento de las dos universidades nacionales existentes.
Desde principios de 1918, los estudiantes de la Universidad de Córdoba se rebelaron contra el régimen disciplinario que se les imponía; también cuestionaron la naturaleza del sistema de enseñanza y las arbitrariedades de los profesores. El gobierno de Hipólito Yrigoyen intervino en abril de ese año e impuso un nuevo estatuto similar al que regía desde 1906 en la UBA. Pero los profesores, en quienes descansaba a partir de entonces el gobierno de la Universidad, eligieron para conducirla a los mismos sectores que la habían controlado hasta la intervención. Esto provocó una nueva revuelta estudiantil y una nueva intervención a cargo ahora del ministro de Justicia e Instrucción Pública, Juan J. Salinas quien, con el apoyo estudiantil, sancionó un nuevo estatuto. En este, la elección de los miembros de los Consejos recaía en una asamblea integrada en partes iguales por profesores titulares, profesores suplentes y estudiantes. La participación estudiantil era considerada así como la única garantía de la renovación universitaria.
Durante el gobierno de Perón, la implementación del Estado de bienestar provocó una gran ampliación del consumo. Esto más el desarrollo y puesta en práctica de los derechos sociales, repercutieron en la extensión de la matrícula educativa.108 Para 1943, era estatal el 61,87% de los establecimientos de enseñanza media normal y privado el 38,13%; en 1955 eran públicos el 69,35% y privados el 30,65%.109 La enseñanza media normal pasó de 48 794 alumnos en 1943 a 97 306 en 1955, es decir que duplicó su población en este período.[cita requerida] Además se logró que la población alfabetizada se acercara por primera vez al 100%.[cita requerida] Para la educación secundaria, el gobierno de Perón favoreció la educación técnica: creó en 1947 las «escuelas fábrica», centros de enseñanza de múltiples oficios artesanales. Los alumnos recibían sin cargo desayuno, almuerzo, herramientas, libros, elementos de estudio y vestimentas de trabajo
En septiembre de 1955, el gobierno de Perón fue derrocado por un nuevo golpe militar. Las universidades fueron ocupadas, poco después de este episodio, por grupos de estudiantes y graduados que simpatizaban con el nuevo gobierno. Se inició entonces un proceso de desplazamiento de docentes y administrativos vinculados con el gobierno derrocado. El nuevo régimen sancionó un decreto que reestableció la autonomía universitaria, dispuso que las casas de estudios serían gobernadas por sus diplomados, estudiantes y profesores, y también determinó que los docentes serían designados por concursos por las mismas casas de estudios. Este decreto incluyó un artículo, el 28, en el que se estableció que la iniciativa privada podría crear universidades libres. Este artículo provocó la oposición de gran parte de la comunidad universitaria y fue el que generó la renuncia de Romero. Años más tarde, en 1958, el gobierno de Arturo Frondizi reglamentó, a través de una ley, las condiciones para la creación de las universidades privadas. Las autoridades de la UBA, lideradas por el hermano del entonces presidente, encabezaron la oposición a esta nueva ley.
La política del régimen militar hacia la Universidad tuvo dos ejes centrales. Por un lado, se propuso llevar a cabo un control estricto desde el punto de vista ideológico y político sobre los contenidos de la enseñanza. La dictadura cercenó principios fundamentales de la vida académica; suprimió la libertad de cátedra y designó en forma discrecional y arbitraria a los nuevos; la actividad de los centros de estudiantes fue prohibida al igual que toda manifestación de naturaleza política. La dictadura se propuso reducir las dimensiones del sistema universitario; se implementó una severa política de cupos (restricciones en el número de personas que podían acceder al estudio de ciertas carreras y de determinadas universidades) que afectó a grandes casas de estudios del área metropolitana como La Plata, Córdoba o Buenos Aires.
Una nueva etapa en la historia de las universidades se inició con la recuperación de la democracia en diciembre de 1983. Por ley se reinstalaron los estatutos vigentes hasta la ruptura institucional de 1966. Este nuevo marco legal contemplaba la posibilidad de la impugnación de los concursos sustanciados entre 1976 y 1983. En este contexto, se impulsó la reincorporación de los docentes cesanteados u obligados a renunciar. A partir de 1985, comenzaron las elecciones de los diferentes claustros con el propósito de avanzar en el proceso de normalización.
